|
Al hablar de política de profesorado, debe tenerse
en cuenta que, en último término, estamos hablando
de la columna vertebral de nuestra institución. Y en
este, como en otros aspectos, se hace necesario proponer iniciativas
que nos aporten soluciones a los problemas existentes.
Los hechos fundamentales que en los últimos años
han guiado la política de Profesorado de nuestra Universidad
son, el acuerdo de Plantillas (mayo de 1989), el de Estabilidad
(junio de 1990) y la Ley de Plantillas y Titulaciones (febrero
de 1995).
Desde entonces, sólo ha habido gestión ordinaria
de plazas que, con mejor o peor fortuna, ha ido tramitando
el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado, y en todo caso, en la lucha por la homologación,
avances parciales en retribuciones como el inicio del pago
del Tipo 3 (92), el Tipo 3 para todos (95), y los acuerdos
sobre complementos retributivos (2000), movidos todos ellos
por iniciativa sindical.
Con todo, el desarrollo de los grandes acuerdos que acabo
de citar, el consenso básico en los puntos fundamentales,
y la habilidad de nuestra Universidad para adaptarse al marco
LRU, han hecho que contamos en La Laguna con una amplia y
buena plantilla docente, con una aceptable relación
profesor/alumno y un razonable, aunque siempre mejorable,
equilibrio entre áreas.
Análisis de la situación
actual.
Aquí, en Canarias, la política de profesorado
arrastra dos problemas fundamentales que tienen un profundo
impacto en las condiciones de trabajo del profesorado y las
posibilidades de contratación para necesidades docentes
de los Departamentos:
1.
El problema de la homologación. Es decir, la situación
discriminatoria en materia retributiva del profesorado
universitario frente al profesorado de los otros niveles
de la enseñanzas y al resto de la administración
autonómica.
2.
Las dificultades innecesarias que el Decreto de
Profesorado del Gobierno Autónomo ha impuesto para
la figura LOU de Asociado a tiempo parcial.
A lo anterior se ha añadido, como problemas genéricos,
la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades
(LOU), que ha cambiado sustancialmente las reglas del
juego de la política de profesorado. La valoración
de éstos cambios no puede por menos que ser muy
negativa para nuestra Universidad, fundamentalmente por
lo siguiente:
1.
El regreso a las pruebas de carácter estatal centralizado
(habilitación), y el sistema propuesto para las
mismas, genera un paso atrás en las posibilidades
de promoción de nuestro profesorado para articular
una auténtica carrera docente funcionarial, como
se había venido desarrollado en los últimos
años.
2.
Existen importantes dificultades para la consolidación
de grupos de trabajo en nuestra Universidad, en la medida
en que La Laguna pueda volver a ser un lugar de paso para
profesores de otras procedencias.
3.
Aparecen dificultades absurdas para el profesorado en
formación, como la obligación de 2 años
desvinculado de la universidad, que complicarán
innecesariamente su trabajo en unos periodos de su carrera
en que esta es más exigente.
4.
No existen posibilidades estructuradas y claras de incorporar
a los buenos estudiantes en el sistema universitario de
investigación y docencia, primer escalón
en una carrera universitaria.
En este escenario vemos con enorme preocupación
el previsible impacto de este conjunto de problemas en
nuestro capital más valioso, el profesorado, y
singularmente el profesorado en formación. Corremos
el grave peligro de que la universidad deje de ser una
alternativa profesionalmente atractiva para los mejores
de nuestros estudiantes y profesores jóvenes, y
de que se desincentive a los ya formados, condenándolos
a permanecer en un trabajo sin posibilidades de mejora. |
Es prioritario encontrar los mecanismos que nos permitan bordear
los problemas mencionados y, por qué no, resolver algunos
de ellos tal vez para siempre.
Para ello, proponemos las siguientes líneas de actuación:
1.
Establecimiento de un único complemento autonómico
de homologación, aplicable a todo el profesorado
de la Universidad. Este complemento sólo contemplaría
la categoría necesaria para el desempeño
del puesto de trabajo y se distinguiría de otros
ligados a la excelencia.
2.
Estructuración de la carrera docente del profesorado
laboral en paralelo a la funcionarial, de modo que, en
último término, este profesorado pueda alcanzar
una categoría equivalente a la de Catedrático
de Universidad. Los niveles de exigencia deberán
ser homologables a los que se exigen a los funcionarios.
Para ello es preciso reformar la ley de Plantillas y Titulaciones,
al objeto de utilizar en esta dirección lo que
aquella prevé. Esta línea de actuación
ira consolidándose en la medida que la práctica
vaya confirmando los aspectos negativos de la LOU.
3. La flexibilización
de las figuras del profesorado asociado a tiempo parcial,
para que esta sea una vía de entrada razonable
a la Universidad, en condiciones tales que la relación
dedicación/remuneración sea digna.
4. Negociar con el Gobierno
Autónomo un Plan Propio de Cátedras de la
Comunidad Autónoma para las Áreas de Conocimiento
donde se haya alcanzado la ratio 1-4.
5.
La eliminación del requisito de 2 años previos
de ejercicio profesional para la contratación como
Asociado a tiempo parcial. Además, es imprescindible
que exista la posibilidad de un Asociado a tiempo parcial
de 7 horas con contratos prorrogables.
6.
Creación de becas de la Comunidad Autónoma
para realización de actividades docentes o investigadoras,
fuera de las universidades de origen, para el personal
en formación (ayudantes, becarios y asociados a
tiempo parcial). |
Debemos tener en cuenta, respecto de estas líneas de
actuación, que toda la reglamentación de las
figuras del profesorado contratado está sujeta a la
regulación de las Comunidades Autónomas, y es
aquí, por tanto, donde debemos centrar una buena parte
de nuestros esfuerzos. Otras Comunidades han hecho ya desarrollos
de la LOU, que muestran que no andamos solos con nuestras
ideas.
No debemos, sin embargo, renunciar a trabajar por introducir
cambios en la LOU. Para ello nos comprometemos ha mantener
en los foros nacionales (en el Consejo de Coordinación
Universitaria y en la CRUE) una posición claramente
crítica con los aspectos señalados de la LOU,
trabajando por eliminar de ella sus aspectos más negativos.
Para conseguirlo hay que proceder con determinación,
conscientes de la dificultad, y sin caer en demagogias.
Así mismo, y aunque confiamos que este problema quede
resuelto en el proceso de convergencia europea de las enseñanzas,
trabajaremos por el establecimiento de los mecanismos para
el acceso al doctorado de los titulados de áreas de
diplomatura. Es simplemente falso que no se pueda investigar
en estas áreas, y absurdo que se tengan que cursar
una carrera distinta de segundo ciclo para poder ser doctores
y alcanzar el reconocimiento de la capacidad de investigación.
Ya dentro de las competencias Universitarias, es necesario
un replanteamiento y actualización de todos los acuerdos
en materia de profesorado, a la luz de la nueva situación
legal.
Debemos ser conscientes de que la entrada en vigor de la LOU
hace obsoletos algunos de los acuerdos sobre los que se ha
apoyado la política de profesorado de la Universidad.
No se trata, por tanto, sólo de reinterpretar estos
acuerdos, sino del establecimiento de unos nuevos que tengan
como prioridad:
1.
La estabilidad del profesorado contratado.
2.
Las condiciones de promoción tanto en las categorías
funcionariales como laborales.
3.
El marco financiero en el que se deben desarrollar. |
También, como la realidad actual hace falsa la promesa
indiscriminada de los sabáticos, nos comprometemos
a establecer un plan de cuatrimestres sabáticos para
el profesorado a tiempo completo.
Definición de las
figuras del personal investigador.
La LOU prevé la posibilidad de existencia de personal
investigador en la Universidad. Estas figuras nuevas, ofrecen
amplias posibilidades, pero no se nos escapa que pueden generar
distorsiones si no se establece con claridad su peculiar status.
Entendemos que estas figuras deben estructurarse como núcleos
de apoyo a los grupos de investigación de la Universidad.
Su papel en el desarrollo de las enseñanzas de tercer
ciclo, y su aportación en el desarrollo de nuevas iniciativas
en I+D+I, como puede ser la creación de empresas con
fines de desarrollo e investigación o colaboración
efectiva con empresas existentes, debe ser una vía
de integración en la Universidad de nuestros mejores
alumnos y de nuevos investigadores como los que aporta el
Programa Ramón y Cajal.
La convivencia armónica de esta nueva realidad con
las categorías docentes tradicionales es una necesidad
ineludible, y su reglamentación, por tanto, una prioridad.
|
